La C\u00e1mara de Apelaciones de Nueva York desestim\u00f3 los reclamos de Burford bajo la ley argentina, pero dej\u00f3 una advertencia letal sobre la ilegalidad del proceso expropiatorio de 2012.<\/p>\n
En el complejo ajedrez judicial que rodea la expropiaci\u00f3n de YPF, los relatos pol\u00edticos suelen chocar de frente con la rigurosidad de los expedientes. Recientemente, un fallo de la C\u00e1mara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha sido interpretado por sectores del kirchnerismo como un alivio o, incluso, como una validaci\u00f3n de su estrategia. Sin embargo, una lectura t\u00e9cnica y profunda de la sentencia revela una realidad diametralmente opuesta: el tribunal no solo no le dio la raz\u00f3n a la ex presidenta Cristina Kirchner ni al entonces ministro de Econom\u00eda Axel Kicillof, sino que ratific\u00f3 las irregularidades del proceso.<\/p>\n
El nudo de la cuesti\u00f3n radica en la distinci\u00f3n entre la jurisdicci\u00f3n y el fondo. Si bien el tribunal decidi\u00f3 que el fondo Burford Capital no tiene derecho a reclamar ciertos da\u00f1os espec\u00edficos bas\u00e1ndose estrictamente en la aplicaci\u00f3n de la ley argentina \u2014argumentando que el demandante no cumpli\u00f3 con los pasos procesales locales\u2014, esto no implica, bajo ning\u00fan concepto, un aval a la conducta del Estado argentino durante la nacionalizaci\u00f3n de la petrolera en 2012.<\/p>\n
Para entender el alcance de este fallo, es imperativo acudir a quienes han custodiado los intereses del Estado en los tribunales internacionales. El Dr. Bernardo Saravia Fr\u00edas, ex Procurador del Tesoro de la Naci\u00f3n, es contundente al desarmar la narrativa oficialista de ese entonces que busca transformar un tecnicismo legal en una victoria pol\u00edtica.<\/p>\n
“Hay que hacer una distinci\u00f3n. La c\u00e1mara de los EE.UU. no emiti\u00f3 opini\u00f3n sobre la validez o la procedencia de la expropiaci\u00f3n, de hecho dijo que Burford o Petersen no ten\u00edan derecho a reclamar porque no respetaban la ley argentina, pero nada sobre el fondo de la cuesti\u00f3n hasta el final del fallo donde dice que el proceso expropiatorio, sugiere en el fallo con fuerza, que estuvo mal hecho”, explica Saravia Fr\u00edas.<\/p>\n
El ex Procurador enfatiza que la resoluci\u00f3n judicial es, en esencia, un recordatorio de la mala praxis administrativa: “De modo que no le est\u00e1 dando la raz\u00f3n al gobierno del cual Kicillof era ministro (que presid\u00eda Cristina Kirchner); lo que dice es que aplicando la ley argentina Burford no tiene derecho a reclamar”.<\/p>\n
El fallo de la C\u00e1mara no borra la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien ya hab\u00eda condenado a la Argentina a pagar una suma astron\u00f3mica cercana a los 16.000 millones de d\u00f3lares. Lo que este nuevo pronunciamiento hace es acotar el margen de maniobra de los demandantes respecto a ciertos activos, pero deja intacta la cr\u00edtica internacional hacia la forma en que la Argentina ignor\u00f3 sus propios estatutos empresariales.<\/p>\n
Cuando en 2012 Axel Kicillof afirm\u00f3 ante el Congreso que ser\u00eda “est\u00fapido” cumplir con los estatutos de YPF \u2014que obligaban a lanzar una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (OPA) por el total de las acciones\u2014, firm\u00f3 el destino litigioso del pa\u00eds. La justicia estadounidense ha sido clara: el Estado argentino actu\u00f3 como un accionista privado que viol\u00f3 un contrato, no como un soberano ejerciendo un derecho inalienable sin consecuencias.<\/p>\n
En definitiva, la interpretaci\u00f3n de que este fallo “salva” la gesti\u00f3n Kicillof es una construcci\u00f3n dial\u00e9ctica que ignora la letra chica. La C\u00e1mara ha sido quir\u00fargica: no hay derecho al reclamo por defectos de forma del demandante, pero el proceso expropiatorio sigue siendo se\u00f1alado como un ejercicio viciado que expuso el patrimonio de todos los argentinos a una vulnerabilidad hist\u00f3rica<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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