El Gobierno Nacional concretó el envío al Congreso de la denominada “Ley de Hojarascas”, una ambiciosa iniciativa que propone depurar el sistema legal al suprimir disposiciones que considera sin utilidad o contrarias al derecho vigente.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales actuales.
Según los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo, el objetivo central es eliminar un extenso listado de legislaciones que obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.
Este nuevo intento retoma la propuesta presentada originalmente en 2024, la cual había perdido estado parlamentario al concluir aquel período legislativo sin ser sancionada.
En esta ocasión, el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías críticas que justifican la derogación o modificación de más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.
Al eliminar estas regulaciones que el oficialismo califica como “hojarasca”, se busca simplificar el entramado jurídico nacional, removiendo trabas históricas para garantizar que el marco legal se alinee con las necesidades de una gestión pública moderna y eficiente.