El PJ atraviesa una situación de acefalía a partir de las condenas firmes de la Corte Suprema contra CFK y corre el riesgo de sufrir una intervención judicial.
El Partido Justicialista se encuentra hoy sumergido en un laberinto jurídico y político que amenaza con desembocar en su intervención judicial, un escenario que dejaría al principal movimiento de oposición en Argentina sin una conducción formal y legalmente reconocida. La parálisis que atraviesa la sede de la calle Matheu no es solo una cuestión de internas partidarias, sino el resultado de una colisión directa entre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y las exigencias administrativas de la ley de financiamiento de los partidos políticos. El detonante más inmediato de esta crisis radica en el incumplimiento de los plazos legales ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría; el pasado 31 de marzo venció el término para presentar los balances anuales con las firmas de la cúpula partidaria, un documento que nunca llegó al despacho de la jueza y que pone al PJ al borde de un abismo institucional.
La figura de la expresidenta, quien asumió la conducción del partido en un intento por ordenar las filas internas, se ha convertido paradójicamente en el nudo del conflicto. Desde que la Corte Suprema dejó firme su condena en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner ha quedado técnicamente inhabilitada para ejercer cargos de autoridad partidaria al perder su condición de electora en los padrones. Esta realidad jurídica ha generado un vacío de poder sistémico, ya que la ley de financiamiento requiere de forma inobjetable la firma de la presidencia para validar cualquier movimiento de fondos y balances. Fuentes internas admiten con resignación que, al momento de dictarse la condena, su rol como autoridad terminó por las accesorias legales de la sentencia, dejando al peronismo en una acefalía administrativa que la justicia electoral no está dispuesta a ignorar por mucho más tiempo.
A este complejo panorama se suman los recientes reveses judiciales en las provincias de Jujuy, Misiones y Salta, donde fallos de jueces federales como Esteban Eduardo Hansen han anulado intervenciones previas enviadas desde Buenos Aires, devolviendo el control territorial a dirigentes alejados del kirchnerismo duro. Mientras tanto, la convivencia en la cúpula nacional está dinamitada; la falta de convocatoria al Consejo Partidario y a la mesa chica evidencia una ruptura total de los puentes entre las distintas facciones. En los pasillos de la justicia electoral, la mirada se posa con sospecha sobre la inacción de los apoderados, mientras el peronismo observa cómo su estructura más relevante se encamina hacia una normalización forzada por los tribunales, en un contexto donde el silencio de sus oficinas, solo interrumpido por disputas domésticas, parece predecir el fin de una etapa de conducción centralizada.