El PRO sostiene su postura de dos mandatos como máximo en la provincia de Buenos Aires
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido una vez más en el epicentro de una disputa política que trasciende las fronteras de los distritos para instalarse en el núcleo del sistema democrático bonaerense: la reelección de los intendentes. El debate, que parecía saldado con la reforma impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal en 2016, ha vuelto a cobrar vigor ante los intentos de diversos sectores por flexibilizar o eliminar los límites que impiden a los jefes comunales permanecer en el poder por más de dos períodos consecutivos. En este complejo escenario, el PRO ha reafirmado su postura como el principal guardián de la alternancia, sosteniendo que el fin de los mandatos indefinidos es un pilar innegociable para la transparencia institucional y la renovación de cuadros políticos en el territorio más poblado del país.
Desde las filas del PRO, la posición es clara y se articula en torno a la defensa del espíritu original de la Ley 14.836. Para los referentes del partido amarillo, el límite a las reelecciones no es simplemente una regla electoral, sino una herramienta de saneamiento democrático diseñada para romper con los denominados feudos municipales. La cúpula del partido ha manifestado de forma recurrente que permitir la perpetuidad en los cargos ejecutivos locales atenta contra la igualdad de oportunidades y favorece la concentración de poder, dificultando el control ciudadano y la rendición de cuentas. En los pasillos de la Cámara de Diputados y el Senado provincial, los legisladores del bloque PRO insisten en que cualquier intento de dar marcha atrás con esta conquista institucional representaría un retroceso ético que la sociedad bonaerense no está dispuesta a tolerar.
La postura del PRO también se fundamenta en una interpretación estricta del mandato popular expresado en 2015, cuando la demanda de cambio incluía una profunda reforma en los modos de ejercer el poder. Los portavoces del espacio subrayan que la alternancia favorece la innovación en la gestión pública y evita que las estructuras municipales se vuelvan endogámicas. Al respecto, han señalado que la resistencia de ciertos intendentes, tanto del oficialismo como de sectores aliados, a dejar sus cargos evidencia una desconexión con las demandas de una ciudadanía que exige mayor dinamismo y menos personalismo en la política. Para el PRO, el argumento de que el pueblo es quien debe decidir con su voto no es suficiente para justificar mandatos eternos, ya que la alternancia es, en sí misma, una regla del juego que garantiza la salud del sistema republicano.
Sin embargo, el debate no está exento de tensiones internas y externas. Mientras algunos sectores del peronismo y otros bloques minoritarios buscan atajos legales o nuevas interpretaciones judiciales para habilitar un tercer mandato, el PRO se mantiene firme en la necesidad de respetar los plazos establecidos. La discusión se intensifica al analizar el impacto de las licencias solicitadas por muchos intendentes antes de cumplir los dos años del segundo mandato, una maniobra que en el pasado permitió eludir la restricción. Ante esto, el PRO ha sido enfático en que se deben cerrar los vacíos legales que permiten estas “trampas” reglamentarias, abogando por una reglamentación que sea taxativa y no admita interpretaciones ambiguas que terminen favoreciendo la permanencia indefinida.
El compromiso del PRO con esta causa también busca marcar un contraste ético frente a otras fuerzas políticas. Al posicionarse como los defensores de la reforma de 2016, buscan consolidar su identidad como el partido de la modernización institucional. Consideran que la provincia de Buenos Aires debe liderar con el ejemplo en materia de calidad democrática, y que ceder ante las presiones de los “barones” del conurbano o del interior sería traicionar los valores fundacionales de su coalición. La batalla legislativa promete ser larga y técnica, pero la decisión política del PRO parece estar sellada: no habrá apoyo para ninguna iniciativa que intente restaurar, de forma directa o indirecta, el modelo de poder perpetuo en las intendencias bonaerenses, pues entienden que el futuro de la provincia depende de una democracia con recambio, transparencia y límites claros al ejercicio del poder público.