La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión temporal de todos los procesos judiciales y demandas relacionadas con el caso YPF.
NUEVA YORK – En un giro procesal clave para la estrategia legal del Estado argentino, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión temporal de todos los procesos judiciales y demandas relacionadas con el caso YPF. La medida, que responde a una moción de emergencia presentada por el Gobierno de Javier Milei, detiene las ejecuciones y el avance del proceso de discovery (intercambio de pruebas) hasta que se resuelva la apelación sobre la cuestión de fondo del litigio.
La decisión judicial implica un alivio inmediato para Argentina en un proceso donde ya existe una condena de primera instancia por USD 16.100 millones más intereses. Los puntos centrales de esta resolución detiene la etapa en la que los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, exigían la entrega de documentos confidenciales y chats de exfuncionarios para identificar activos embargables. El freno a las sanciones que bloquea la posibilidad de que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, declare a la Argentina en desacato o imponga sanciones pecuniarias adicionales por no cumplir con la entrega de información.
Además queda sin efecto momentáneo la orden que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones de YPF como garantía de pago.
El caso se remonta a la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de antiguos accionistas minoritarios (Grupo Petersen), sostienen que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones al tomar el control de la compañía.
En 2023, la jueza Preska falló a favor de los fondos, determinando que Argentina violó sus propios estatutos empresariales. No obstante, el Gobierno actual ha calificado el reclamo como “inadmisible” y ha advertido que un fallo desfavorable definitivo sería “incumplible” para las finanzas nacionales.
La Cámara de Apelaciones deberá ahora analizar los argumentos centrales de Argentina, que buscan reducir el monto de la condena o anular el fallo de primera instancia.
No existe una fecha exacta para el fallo definitivo sobre la apelación, aunque se espera una definición durante la primera mitad de 2026.
El Gobierno argentino ya ha manifestado su intención de agotar todas las vías judiciales, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos si los resultados en la Cámara no son favorables