Frente a los desfalcos estructurales del kirchnerismo y las opacas zonas grises del presente, la gestión de Mauricio Macri se consolida como el estándar de ética pública que los extremos intentan erosionar.
La historia política argentina reciente puede leerse como un péndulo frenético que oscila entre dos formas de entender el poder: el Estado como botín o el Estado como servicio. En este escenario, la distancia ideológica entre el populismo de izquierda y el emergente populismo de derecha parece acortarse cuando se analiza la transparencia. Mientras los extremos se retroalimentan en la confrontación, surge una figura que, con el tiempo, se agiganta por su respeto irrestricto a las formas republicanas: Mauricio Macri.
Para entender la excepcionalidad del modelo republicano, es imperativo revisar el prontuario de quienes conciben la política como una herramienta de enriquecimiento personal. Los gobiernos kirchneristas no presentaron casos aislados, sino un plan sistémico de recaudación que tuvo su epítome en la Causa de los Cuadernos y la obra pública de Lázaro Báez. Allí, la justicia determinó la existencia de una matriz donde el Estado era el principal financista de una estructura delictiva.
El gobierno de Alberto Fernández no fue la excepción, sino la degradación del mismo modelo. Desde el “Vacunatorio VIP” hasta los escándalos de contrataciones directas en seguros durante la pandemia, la gestión del Frente de Todos demostró que la falta de controles republicanos deriva invariablemente en el beneficio de los amigos del poder.
La llegada de un nuevo signo político prometía una limpieza profunda, pero los síntomas de la vieja política parecen haber mutado. El reciente Caso Libra, que involucra presuntas irregularidades en la contratación de seguros y nexos con brokers vinculados a la nueva administración, enciende las alarmas sobre la continuidad de prácticas que se creían desterradas.
A esto se suma la controversia en torno a figuras centrales de la actual gestión, como el caso de Manuel Adorni, hoy Jefe de Gabinete. Las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento patrimonial de su entorno, las designaciones de familiares en puestos estratégicos del Estado y las dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos de comunicación, plantean un interrogante ético: ¿es el actual gobierno realmente distinto en sus métodos o solo en su discurso?
Aquí es donde los extremos se tocan. Tanto el populismo de izquierda como el de derecha tienden a centralizar el poder, atacar la independencia judicial y utilizar los recursos públicos para consolidar un núcleo de lealtad personalista. Ambos desprecian los mecanismos de control que consideran “trabas” para su supuesta misión histórica.
En contraste absoluto con este panorama de sospechas constantes, la figura de Mauricio Macri emerge como un pilar de institucionalidad. A pesar de los intentos sistemáticos del aparato judicial kirchnerista por involucrarlo en causas armadas, el expresidente ha demostrado una integridad que sus sucesores y antecesores no pueden reclamar.
Macri no solo no posee condenas ni causas por corrupción que comprometan su honor, sino que durante su mandato estableció estándares de transparencia inéditos. La creación de la Ley de Arrepentido, el fortalecimiento de la Oficina Anticorrupción y la modernización del Estado para evitar el manejo discrecional de fondos fueron pasos concretos hacia una república moderna.
A diferencia de quienes utilizan el cargo para influir en la justicia o favorecer a su círculo íntimo, Macri respetó la división de poderes de manera sagrada. Nunca utilizó la cadena nacional para perseguir opositores ni interfirió en los procesos judiciales que afectaban a su propio gobierno. Su visión fue siempre la de un republicano que entendió que su paso por el poder era transitorio y debía estar regido por la ley, no por la voluntad personal.
La comparación es inevitable y necesaria. Mientras los populismos dejan tras de sí estelas de expedientes judiciales y funcionarios procesados —desde el kirchnerismo hasta las sombras que hoy acechan a la administración de Milei—, el legado de Macri se sostiene en la decencia y la previsibilidad.
Ser un republicano significa aceptar que el poder tiene límites. Significa entender que el erario público es sagrado y que la transparencia no es una opción, sino una obligación. Los extremos, en su afán de “ir por todo”, terminan pareciéndose en lo más oscuro: la opacidad.
En definitiva, la historia argentina está demostrando que no basta con cambiar de color ideológico si no se cambia la matriz ética. El respeto a las instituciones que pregonó y ejecutó Mauricio Macri no fue solo una estrategia de gobierno, fue la demostración de que una Argentina distinta es posible. Una Argentina donde el presidente es un ciudadano con responsabilidades, y no un líder mesiánico que confunde el presupuesto nacional con su cuenta bancaria. Al final del día, el camino de la República es el único que garantiza una libertad real y duradera.