Exige que PBA se haga cargo de las personas en situación de calle y pague una deuda de 27 mil millones de pesos.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, elevó un reclamo formal y categórico contra la administración de Axel Kicillof, exigiendo que la provincia de Buenos Aires asuma el costo financiero de los miles de bonaerenses que actualmente reciben asistencia en los Centros de Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según los datos oficiales presentados por el Ejecutivo porteño, la deuda acumulada por este concepto ya supera los 27 mil millones de pesos, una cifra que, según denuncian, representa una carga injusta para el presupuesto de los residentes de la Capital Federal y un claro incumplimiento de la normativa vigente que regula la asistencia a personas en situación de calle.
La controversia se sustenta en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, el cual modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo para establecer con claridad que la responsabilidad de brindar atención y alojamiento recae exclusivamente en la jurisdicción de origen de cada persona. Bajo este marco legal, el equipo de Jorge Macri sostiene que la Ciudad está cubriendo una obligación que le corresponde estrictamente a la gestión de Kicillof. “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, disparó el Jorge Macri a través de sus canales oficiales, marcando un nuevo pico de tensión en la relación bilateral.
El despliegue operativo de la Ciudad para contener esta problemática es vasto, pero se encuentra bajo una presión financiera creciente. Actualmente, los 61 Centros de Inclusión Social porteños albergan a 4.626 personas, de las cuales al menos 2.327 tienen domicilio acreditado en la provincia de Buenos Aires. Esta población representa casi el 50% de la ocupación total del sistema de refugios porteños. Los ministros de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, enviaron una notificación formal a su par bonaerense, Pablo López, exigiendo la transferencia inmediata de recursos para saldar el monto actualizado de los costos, que asciende a 27 il millones de pesos desde la entrada en vigencia del nuevo decreto nacional.
El cálculo del reclamo no es arbitrario; el Gobierno porteño estima que cada persona asistida implica un costo mensual de 1.163.135 pesos. Este presupuesto no solo cubre un techo y alimentación, sino que incluye un abordaje integral con acompañamiento psicológico, capacitación en oficios, educación e intermediación laboral. La red asistencial de la Ciudad opera las 24 horas del día con más de 70 móviles, atención telefónica a través de la línea 108 y dispositivos de primer acercamiento donde se brinda higiene y derivación social.
Desde la sede de Parque Patricios argumentan que este flujo de fondos representa un ahorro indirecto para la Provincia a costa del esfuerzo de los contribuyentes porteños. La misiva enviada al Ministerio de Economía bonaerense advierte que este desvío de fondos perjudica directamente a los residentes de la Ciudad, ya que esos capitales podrían reforzarse en otras áreas críticas de la gestión local. Para Jorge Macri, el cumplimiento de la ley que creó el Programa de Asistencia Integral en la Provincia, es la única vía para garantizar una respuesta sostenible y equitativa ante una crisis social que no distingue fronteras, pero que hoy encuentra a la Ciudad financiando una responsabilidad ajena.