A 50 años del 24 de marzo de 1976, la Argentina reflexiona sobre el colapso de sus instituciones, la tragedia del terrorismo de Estado y la imperiosa necesidad de resguardar la convivencia democrática frente a los extremismos.
El calendario marca una cifra redonda que estremece la conciencia nacional: medio siglo nos separa del inicio de la última dictadura militar en la Argentina. Cincuenta años de un quiebre que no solo dejó una estela de dolor, desapariciones y muerte, sino que representó el fracaso más rotundo de la política y el derecho en nuestra historia. Sin embargo, para que la memoria sea un ejercicio de aprendizaje y no un arma de división, el análisis debe ser completo. La República demanda mirar el 24 de marzo de 1976 no como un rayo en un cielo sereno, sino como el desenlace de un torbellino de violencia, vacío de poder y degradación institucional que venía gestándose años antes.
El golpe de Estado fue el acto final de una agonía democrática. Para 1976, el gobierno de María Estela Martínez de Perón se encontraba en un estado de descomposición terminal. La orfandad política tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó el mando en manos de una gestión errática, capturada por facciones oscuras como la Triple A, liderada por José López Rega. La represión paraestatal, el descalabro económico del “Rodrigazo” y una inflación asfixiante crearon un escenario de anomia social. El Estado había renunciado a su rol de garante del orden bajo la ley mucho antes de que los tanques salieran a la calle. Los decretos de “aniquilamiento” de la subversión de 1975 ya habían trazado un camino peligroso, delegando en las Fuerzas Armadas funciones que desbordaban el control civil.
Es imposible entender el horror posterior sin considerar el papel de la subversión armada que asoló al país desde finales de la década del 60. Grupos como Montoneros y el ERP decidieron que el camino hacia el poder no era la urna, sino el fusil. Estas organizaciones no solo desafiaron a gobiernos de facto, sino que continuaron su ofensiva sangrienta durante los periodos de democracia constitucional, despreciando la voluntad popular y las instituciones republicanas. Sus atentados, secuestros y asesinatos generaron un clima de terror que sirvió de pretexto —aunque nunca de justificación— para la irrupción militar. La violencia política de los setenta fue un veneno que corroyó el tejido social, instalando la idea de que la eliminación del adversario era una vía legítima de acción.
Sin embargo, la respuesta del Estado ante ese desafío fue la peor de las traiciones a la ciudadanía. Al tomar el poder por la fuerza, la Junta Militar no buscó restaurar el orden republicano, sino que instauró un plan sistemático de terrorismo de Estado. Allí reside la mayor responsabilidad y el pecado original del proceso: el Estado, que debe ser el escudo de los derechos individuales, se convirtió en el verdugo clandestino. El uso de centros clandestinos de detención, la tortura y la desaparición forzada de personas no fueron errores de cálculo, sino una metodología criminal que privó a los acusados de cualquier derecho a juicio y defensa, principios sagrados de cualquier nación que se pretenda civilizada.
Desde una visión republicana, el 24 de marzo nos enseña que el fin nunca justifica los medios. Ni la supuesta “revolución socialista” justificaba el asesinato por parte de la subversión, ni la “salvación de la patria” justificaba el terrorismo de Estado. La República es, por definición, el gobierno de las leyes y no de los hombres —ni de los hombres de armas, ni de los líderes mesiánicos—. Cuando se abandona la Constitución para abrazar el mesianismo o la fuerza bruta, el resultado es siempre la tragedia.
A cincuenta años de aquel fatídico día, la Argentina ha logrado sostener el periodo democrático más largo de su historia. Es un triunfo colectivo, pero aún frágil. La calidad institucional sigue siendo una materia pendiente; la justicia, a veces lenta o parcial, lucha por ser el árbitro imparcial que la República exige. Recordar este aniversario con ecuanimidad implica reconocer a todas las víctimas y condenar todas las violencias, sin que esto signifique equiparar las responsabilidades de una banda armada con las de un Estado que posee el monopolio de la fuerza y la obligación de proteger a sus habitantes.
La memoria debe servir para unir bajo un mismo paraguas: el del “Nunca Más” a los golpes de Estado, pero también el del “Nunca Más” a la violencia política como método de cambio social. La verdadera reparación histórica no se encuentra solo en los estrados judiciales, sino en el fortalecimiento diario de las instituciones, en la división de poderes y en el respeto irrestricto a la libertad individual.
Que estos 50 años no sean solo una cifra en un almanaque de reproches, sino la oportunidad de renovar un pacto republicano inquebrantable. Que el dolor del pasado nos guíe hacia un futuro donde la ley sea la única soberana, y donde el diálogo democrático sea la herramienta exclusiva para resolver nuestras diferencias. Solo así, honrando la verdad completa y la justicia plena, podremos cerrar las heridas que aún sangran en el corazón de la Patria.