La Cámara de Apelaciones de Nueva York desestimó los reclamos de Burford bajo la ley argentina, pero dejó una advertencia letal sobre la ilegalidad del proceso expropiatorio de 2012.
En el complejo ajedrez judicial que rodea la expropiación de YPF, los relatos políticos suelen chocar de frente con la rigurosidad de los expedientes. Recientemente, un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha sido interpretado por sectores del kirchnerismo como un alivio o, incluso, como una validación de su estrategia. Sin embargo, una lectura técnica y profunda de la sentencia revela una realidad diametralmente opuesta: el tribunal no solo no le dio la razón a la ex presidenta Cristina Kirchner ni al entonces ministro de Economía Axel Kicillof, sino que ratificó las irregularidades del proceso.
El nudo de la cuestión radica en la distinción entre la jurisdicción y el fondo. Si bien el tribunal decidió que el fondo Burford Capital no tiene derecho a reclamar ciertos daños específicos basándose estrictamente en la aplicación de la ley argentina —argumentando que el demandante no cumplió con los pasos procesales locales—, esto no implica, bajo ningún concepto, un aval a la conducta del Estado argentino durante la nacionalización de la petrolera en 2012.
Para entender el alcance de este fallo, es imperativo acudir a quienes han custodiado los intereses del Estado en los tribunales internacionales. El Dr. Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro de la Nación, es contundente al desarmar la narrativa oficialista de ese entonces que busca transformar un tecnicismo legal en una victoria política.
“Hay que hacer una distinción. La cámara de los EE.UU. no emitió opinión sobre la validez o la procedencia de la expropiación, de hecho dijo que Burford o Petersen no tenían derecho a reclamar porque no respetaban la ley argentina, pero nada sobre el fondo de la cuestión hasta el final del fallo donde dice que el proceso expropiatorio, sugiere en el fallo con fuerza, que estuvo mal hecho”, explica Saravia Frías.
El ex Procurador enfatiza que la resolución judicial es, en esencia, un recordatorio de la mala praxis administrativa: “De modo que no le está dando la razón al gobierno del cual Kicillof era ministro (que presidía Cristina Kirchner); lo que dice es que aplicando la ley argentina Burford no tiene derecho a reclamar”.
El fallo de la Cámara no borra la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien ya había condenado a la Argentina a pagar una suma astronómica cercana a los 16.000 millones de dólares. Lo que este nuevo pronunciamiento hace es acotar el margen de maniobra de los demandantes respecto a ciertos activos, pero deja intacta la crítica internacional hacia la forma en que la Argentina ignoró sus propios estatutos empresariales.
Cuando en 2012 Axel Kicillof afirmó ante el Congreso que sería “estúpido” cumplir con los estatutos de YPF —que obligaban a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones—, firmó el destino litigioso del país. La justicia estadounidense ha sido clara: el Estado argentino actuó como un accionista privado que violó un contrato, no como un soberano ejerciendo un derecho inalienable sin consecuencias.
En definitiva, la interpretación de que este fallo “salva” la gestión Kicillof es una construcción dialéctica que ignora la letra chica. La Cámara ha sido quirúrgica: no hay derecho al reclamo por defectos de forma del demandante, pero el proceso expropiatorio sigue siendo señalado como un ejercicio viciado que expuso el patrimonio de todos los argentinos a una vulnerabilidad histórica