En la Argentina, el sistema previsional no es un derecho, es un botín. Un territorio de caza donde el peronismo hizo su agosto y donde hoy, el experimento de Javier Milei pasa la motosierra con una frialdad técnica que espanta.
Si miramos hacia atrás con el rigor de los datos y no con el velo del relato, surge una verdad incómoda para muchos: el único paréntesis de racionalidad republicana y respeto real por quienes aportaron toda una vida fue la gestión de Mauricio Macri. Todo lo que vino después, y mucho de lo que hubo antes, es una estafa planificada.
La historia de la miseria actual empezó a escribirse con tinta de cinismo en 2010. Aquel agosto, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ejecutó un veto que hoy suena a sentencia de muerte: el 82% móvil. Con el argumento de que “fundiría las cajas” y “perjudicaría a la ANSES”, la jefa del proyecto nacional y popular le negó a los abuelos lo que por ley les correspondía.
Pero el discurso de la “sustentabilidad” era una pantalla. Mientras le decían al jubilado que no había plata, la agrupación La Cámpora colonizaba la ANSES. Los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creados para proteger el futuro de los mayores, se convirtieron en la billetera de la política. Financiaron el déficit de Aerolíneas Argentinas, programas de propaganda y préstamos a tasas regaladas para consumo electoral, mientras el poder adquisitivo de los haberes se licuaba en la ventanilla de los bancos.
A contramano de la desidia, la gestión de Mauricio Macri introdujo una variable que el peronismo nunca perdonó: la verdad. La Reparación Histórica no fue solo un nombre; fue el reconocimiento de deudas que el Estado arrastraba por décadas. Pero lo más importante fue la cláusula gatillo de la fórmula de movilidad de 2017.
Pese a las 14 toneladas de piedras y el caos provocado por quienes no querían perder el control del botín, esa fórmula protegía al jubilado contra la inflación. De hecho, los cálculos son implacables: si se hubiese mantenido la ley de Macri, hoy los jubilados estarían cobrando haberes significativamente superiores a los actuales. El peronismo, bajo la batuta de Alberto Fernández, la suspendió apenas asumió en 2019 porque necesitaba ese dinero para sus propios fines.
El gobierno de Alberto Fernández pasará a la historia como el que más castigó a la tercera edad. Prometió un aumento del 100% usando las Leliqs, pero lo que entregó fue un ajuste feroz por decreto, eliminando la fórmula de Macri y condenando a los jubilados a perder sistemáticamente contra la inflación durante cuatro años.
Y ahora llegamos al presente. El gobierno de Javier Milei parece regodearse en una planilla de Excel que no tiene alma. El presidente cree que con un bono de $70.000 no remunerativo —congelado mientras los precios vuelan— los jubilados viven de maravillas. No es así. Mientras el Banco Central acumula dólares para pagarle al FMI y posar ante la mirada de Donald Trump y el mundo financiero, el abuelo en la carnicería tiene que elegir si compra un remedio o un kilo de picada.
Dato Crudo: En lo que va de 2026, la jubilación mínima con bono incluido ha perdido casi un 30% de su poder de compra real comparado con años anteriores. El superávit fiscal se está construyendo sobre las espaldas de los que ya no tienen fuerzas para protestar.
Estamos ante una pinza mortal. Por un lado, un kirchnerismo que se robó las cajas y usó a los viejos como escenografía para sus actos. Por el otro, un gobierno libertario que los trata como una variable de ajuste sobrante para quedar bien con el mercado externo.
La única salida que alguna vez asomó fue la vía republicana de Macri: respetar la ley, pagar las deudas y dar previsibilidad. Hoy, esa vía parece un recuerdo lejano en medio de una Argentina donde los extremos se tocan en su desprecio por la gente de carne y hueso. Si esto es la “libertad” o la “justicia social”, que alguien nos explique por qué los únicos que siempre pierden son los mismos.